Tras casi ocho meses desde la promulgación de la Ley Fintech, los actores del ecosistema financiero se preparan para hacer frente a los ajustes que traiga la normativa y así cumplir exitosamente el proceso de autorización del regulador.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha trabajado en adecuaciones de su estructura para hacerse cargo de esta nueva tarea. Y, si bien ya se han materializado avances en los más de 70 tópicos que propone la normativa, durante octubre se iniciará un nuevo proceso consultivo -a actores públicos y privados- que contempla la elaboración de un marco conceptual para la implementación del sistema de finanzas abiertas y los modelos generales para abordar estándares de protección de datos y ciberseguridad.
En ese escenario y, de momento, solo hay un grupo de organizaciones que se verán impactadas por estos cambios. “Las empresas que presentan mayores retos son las que ofrecen alguno de los servicios incluidos en la ley, los que corresponden a las plataformas de financiamiento, los sistemas alternativos de transacción, la intermediación de instrumentos, las asesorías crediticias y de inversión, el enrutamiento de órdenes y la custodia de instrumentos financieros. Estas empresas necesitarán implementar un sistema de gestión comprehensivo, que incluya ámbitos tan diversos como lo son la gestión de la liquidez, del patrimonio, de la continuidad operacional y de la seguridad de la información, entre otros aspectos”, explica Francisco Cabezón, director de Riesgo Regulatorio en Deloitte.
El ejecutivo también señala que aunque aún no se conoce en detalle cómo avanzará la implementación respecto de los distintos ámbitos de regulación, los actores del ecosistema sí conocen bastante bien la forma en que la CMF podría operar en esta materia, y eso es “siempre a través de principios de sana administración que se deben cumplir, más que requerimientos de plataformas y/o certificaciones específicas”, añade Cabezón.
Diversos actores del ecosistema fintech nacional han valorado los avances alcanzados para establecer qué tipo de servicios serán regulados. En ese sentido, para Tomás Berkovich, cofundador y CEO de Global66, plataforma de transferencias internacionales, la ley está avanzando en la dirección correcta, especialmente en el caso de las finanzas abiertas pues “puede ser un impulso a que las instituciones más tradicionales se abran a entender los modelos de negocios y la forma innovadora en que se hacen las cosas”, dice, agregando que, si bien esperan que la normativa logre cumplir su objetivo de promover una mayor competencia en el mercado financiero, aún queda camino por avanzar en esta materia.
También es importante tomar en cuenta que la ley contempla dos elementos esenciales: por un lado, la formalización de las empresas fintech para que pasen a ser supervisadas por el organismo fiscalizador del sistema financiero y, por otro, contiene la serie de disposiciones normativas que regulan el sistema de finanzas abiertas. “Vemos que la ley va en una dirección correcta de cara a todos los usuarios del sistema financiero. Sin embargo, para que esto se materialice realmente, el detalle de los reglamentos que actualmente están siendo trabajados por la CMF deben contener todos los aspectos que brinden las garantías necesarias para asegurar la correcta operación tecnológica del sistema y en particular para resguardar la disponibilidad de servicios y la seguridad de la información de los usuarios”, plantea Rubén Ulloa, gerente de la División de Transformación Digital de Coopeuch e integrante del Círculo de Innovación de ICARE, mientras insiste en que es clave que todos estos elementos sean abordados en las próximas mesas consultivas de la CMF para evitar daños, pérdidas o falta de operatoria en las fintech.
Oportunidades de mejora y desafíos
Cabezón recuerda que la entidad reguladora ha sostenido que utilizará el principio de proporcionalidad, el cual implica que el peso de la regulación se ajusta dependiendo del volumen y la complejidad de las operaciones de los distintos oferentes. “Habrá que ver cómo eso se lleva a la práctica, pero lo que es claro es que las empresas deberán asumir costos derivados de nuevas exigencias en materia de estándares de gestión de riesgos”, advierte.
Sin embargo, Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile, cree que más que un gasto, las empresas ven en la regulación una oportunidad de inversión “que les permitirá subir sus estándares de operación y esto redundará en mayor confianza y adopción por parte de los usuarios”.
Bajo la mirada de Berkovich, existen algunos elementos que podrían beneficiarse de ajustes para lograr un equilibrio adecuado entre regulación y fomento de la innovación. “Uno de ellos es la flexibilidad regulatoria: las fintech evolucionan rápidamente a los cambios en la tecnología y el mercado, mientras que la regulación cambia con procesos más lentos, al igual que la poca agilidad de los legisladores y reguladores”, dice. Respecto de los costos asociados, coincide en que el marco regulatorio podría “incluir incentivos para la inversión en tecnología financiera”.