Aunque el proyecto de royalty minero del Ministerio de Hacienda que se está discutiendo en el Congreso ha ido mutando respecto a su posición original, e integrando las visiones de los diferentes actores, lo cierto es que para los especialistas aún hay espacios para ajustes para que el país no se resienta en competitividad a nivel mundial.
“Ha habido un acuerdo amplio en el sentido de que se necesita financiar crecientes demandas sociales, con déficit fiscal y dificultades para financiar el gasto social por otras vías, como la obtención de créditos. Y que el sector minero puede hacer un aporte mayor a la satisfacción de necesidades sociales. La discusión, por tanto, se acotó a cuánto debe ser el aporte adicional y como siempre se da en estos casos, no es fácil llegar a consensos”, destaca Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Hugo Hurtado, socio Líder de Tax & Legal de Deloitte, indica que el proyecto aún es susceptible de mejoras, “con miras a diseñar un instrumento recaudatorio que, sin perjuicio de aumentar la tributación de la industria, no implique una pérdida de competitividad en el contexto global”.
Un estudio realizado por el equipo de Tax & Legal de la firma destacó que, de implementarse el royalty en cualquiera de sus distintas versiones, la carga tributaria de la industria minera en Chile quedará por encima de aquella aplicable en otros países netamente mineros. “Incluso en su versión actual se podrían alcanzar tasas efectivas cercanas a un 50%, en caso que se distribuyan todas las utilidades del ejercicio y la empresa tenga márgenes operacionales altos, lo que resulta ser superior a la carga tributaria comparada, tales como Australia 40% (Queensland), Canadá 40% (British Columbia) y Perú 42,5% (incluyendo el impuesto de tasa 8% beneficio de participación a trabajadores)”, detalla Hurtado.
Esto se debería a que el royalty está estructurado como la suma de dos componentes: uno denominado ad valorem, con una tasa plana de 1% aplicada sobre las ventas de la gran minería del cobre. Y otro sobre rentabilidad operacional, con tasas directas que van desde un 8% hasta un 26%, dependiendo del margen operacional del explotador minero.
Hurtado explica que, por este último componente, las faenas con márgenes operacionales altos se verían sometidas a una carga tributaria muy superior a los promedios de la industria en jurisdicciones comparadas, lo que podría desincentivar la búsqueda de eficiencias al interior de las compañías para no aumentar la carga impositiva. Por otro lado, en las faenas con márgenes bajos, “el componente ad valorem es el que tiene una incidencia mayor en términos de carga efectiva. Sin embargo, dado que en su actual redacción la tasa es plana y relativamente razonable, su efecto resulta también acotado”.
El riesgo está en la pérdida de competitividad, que genera una elevada carga tributaria al desincentivar nuevos proyectos o las inversiones para expandir iniciativas en explotación, lo que a mediano plazo podría significar un estancamiento o reducción en la recaudación fiscal. Por eso, Alex Cabrera, CEO de Prevsis, destaca que en toda esta ecuación se debe tener en cuenta “si Chile está en condiciones de ser menos competitivo que otros países mineros en las circunstancias actuales, sin dejar de pensar en el beneficio y las dificultades que esta modificación pueda significar”.
Oportunidades
Con la discusión aún en marcha, aún hay espacios de mejoras. Para Hurtado, es posible aumentar la carga tributaria en materia minera, pero “el incremento del royalty debería ser cercano a 0,35% puntos del PIB en lugar de los 0,6% propuestos por el Gobierno”.
Para no afectar la competitividad internacional, los avances debieran enfocarse en la progresividad de tasas, el reconocimiento de gastos que son relevantes y necesarios para la industria dentro del cálculo del tributo, y la introducción de incentivos verdes para la producción minera. Asimismo, podría analizarse la posibilidad de generar un nuevo estatuto de estabilidad para la inversión extranjera.
Para Polanco, un royalty de este tipo debería contemplar un impuesto a la utilidad y un componente ad valorem que sea bajo y permita recaudar desde el comienzo de la operación, pero teniendo en cuenta que la renta se puede obtener mucho después. También debería considerar la gran heterogeneidad de los costos de las empresas mineras y la carga tributaria comparada, junto al impacto que se va a generar en el futuro con los impuestos a la contaminación.
Entregar garantías a las inversiones extranjeras también es clave, complementa Cabrera, y que estas vayan destinadas, por ejemplo, a la redistribución de estos recursos en los lugares de mayor afectación. “Es así como podríamos balancear una mayor carga con la sostenibilidad”, concluye.